El gremio de centros nocturnos denunció una serie de clausuras que, según afirma, han generado zozobra en el sector y han dejado pérdidas estimadas en hasta 60 millones de pesos, sin que hasta ahora haya una respuesta oficial que aclare los criterios aplicados.
De acuerdo con la denuncia, los cierres se habrían producido antes del horario permitido y aun cuando los establecimientos contaban con su documentación en regla. Esa situación ha encendido cuestionamientos sobre la forma en que opera la fiscalización y sobre si las medidas responden a procedimientos transparentes o a decisiones arbitrarias.
El caso abre un frente de exigencia hacia el Gobierno para que explique quién supervisa, con qué reglas y bajo qué controles se ejecutan estas clausuras. En un contexto en el que el poder público suele pedir cumplimiento estricto a los negocios y a la ciudadanía, la ausencia de respuestas oficiales alimenta dudas sobre proporcionalidad, debido proceso e impacto económico.
El sector afectado advierte que las medidas no solo golpean a propietarios y empleados, sino que también alteran la actividad económica de establecimientos formales que aseguran operar dentro de la normativa. Por eso, además de revisar cada caso particular, la demanda central es que se hagan públicos los fundamentos de las clausuras y se establezca un mecanismo claro de rendición de cuentas.
Hasta el momento, la denuncia permanece sin aclaración oficial, lo que deja el episodio en el terreno de la fiscalización pendiente: si hubo irregularidades reales, deben demostrarse; si no las hubo, el Gobierno está obligado a corregir y explicar el alcance de las actuaciones del COBA.