La Justicia chilena inició este martes procesos de remoción contra 56 jueces que salieron al extranjero mientras estaban con licencias médicas, en un nuevo paso dentro de un escándalo que ya había involucrado a cerca de 25.000 funcionarios públicos por el uso fraudulento de permisos. La medida fue adoptada por la Corte Suprema luego de revisar en pleno 104 casos relacionados con jueces, ministros, relatores y otros miembros del escalafón primario del Poder Judicial.
Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema, detalló que ahora toca notificar la resolución, abrir el cuaderno de remoción y pedir informes tanto al juez o jueza implicado como a la respectiva corte de apelación. Según la legislación chilena, estos procesos disciplinarios buscan determinar una eventual destitución por faltas a la probidad u otras irregularidades, aunque los encausados podrán ejercer su defensa antes de una decisión definitiva.
Ante el deterioro que el propio tribunal reconoce en la credibilidad de la judicatura, Chevesich anunció además que el plazo de investigación se amplió de dos a cinco años, lo que permitiría reincorporar casos antes descartados por prescripción. El próximo lunes, la Corte Suprema resolverá si los jueces seguirán en funciones o serán suspendidos mientras avanzan las indagatorias, en un caso que vuelve a situar la rendición de cuentas y la vigilancia institucional en el centro del debate público.