La caída del proyecto de reforma laboral en el Congreso reactivó una de las discusiones más persistentes del debate laboral: la cesantía. Rafael “Pepe” Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), entiende que el desenlace confirma la postura de las centrales sindicales, que habían pedido al Poder Ejecutivo retirar la propuesta al considerar que la meta principal del empresariado era reemplazar ese derecho mediante distintos subterfugios.
Abreu afirmó que esa posición ha sido sostenida de manera reiterada por sectores vinculados al empresariado, que condicionan cualquier transformación laboral a una medida contra la cesantía bajo el argumento de los llamados “altos costos laborales”. A su juicio, esa mirada explica que ya sean seis los intentos de eliminarla, una secuencia que vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del sistema político para tramitar reformas sin reabrir conflictos ya rechazados por los sectores laborales.
Recordó que el primer intento se produjo en 2001, durante el gobierno de Hipólito Mejía, cuando se procuró sustituirla por un seguro de desempleo en el artículo 50 de la Ley 87-01. Después, en la gestión de Danilo Medina, se retomaron conversaciones mediante una comisión que no avanzó por desacuerdos en torno a la cesantía y por la intención empresarial de imponer una votación mayoritaria, rechazada por la interlocución sindical.
Más adelante, una nueva ronda en la Universidad Intec, con mediación de su rector Rolando Guzmán, también terminó en ruptura por el mismo punto. Para Abreu, el hecho de que el proyecto haya vuelto a hundirse sin resolver el fondo del conflicto refuerza la necesidad de vigilar cualquier nueva iniciativa y de exigir explicaciones sobre por qué se insiste en modificar un derecho que sigue generando rechazo social.