Lo que debía ser una extracción de cuatro muelas terminó en lesiones permanentes para una mujer en La Vega, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio los controles sobre el ejercicio profesional y el costo social de las fallas de supervisión. Según el Ministerio Público, Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, practicaba odontología sin el exequatur requerido y realizó el procedimiento en un consultorio del Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte.
La investigación establece que el hecho ocurrió el 17 de enero, cuando la paciente acudió al consultorio, fue evaluada y recibió una receta para autorizar por su seguro médico una cirugía de extracción de los cuatro terceros molares. Durante la intervención, el hombre le administró anestesia y luego le dijo que debía cortar el hueso porque, supuestamente, sus dientes eran de titanio. Después comenzó a golpear la zona con instrumentos odontológicos.
Tras cuatro horas sin lograr extraer las piezas, informó que retiraría una de las muelas superiores. En medio del procedimiento, la paciente reportó dolor intenso y, de acuerdo con el expediente, el imputado respondió que le aplicaría una anestesia general. Lejos de resolverse, el cuadro derivó en fuertes dolores e hinchazón en el rostro, lo que obligó a la mujer a buscar una segunda opinión médica.
Las evaluaciones posteriores determinaron daños en su salud bucal como consecuencia del procedimiento. Una certificación médica emitida el 5 de febrero de 2026 establece lesiones permanentes, entre ellas dolor microfacial, edema facial moderado, herida desgarrada, trismo, parestesia mandibular derecha, alveolitis ambulatoria y atrofia de nervios. El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra Almánzar Escarramán, pero el caso deja abierta una pregunta mayor sobre la capacidad de las instituciones para detectar a tiempo el ejercicio ilegal antes de que el ciudadano cargue con secuelas irreversibles.