La Cámara de Cuentas volvió a poner bajo presión la gestión presupuestaria del Gobierno al concluir que hubo deficiencias en la planificación de la inversión pública: 379 proyectos incluidos en el Presupuesto General del Estado terminaron 2025 sin ejecutarse, mientras 247 iniciativas no contempladas al inicio recibieron recursos tras modificaciones presupuestarias.
El informe sobre la ejecución del presupuesto de 2025, aprobado por el Pleno del órgano auditor el 27 de abril y publicado recientemente, atribuye ambos hallazgos a una «deficiente gestión en la programación y ejecución de la inversión pública» y a la falta de articulación entre planificación y presupuesto. El señalamiento golpea directamente a la administración del gasto público y reabre la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo Hacienda y el Gobierno dominicano priorizan obras después de que el Congreso aprueba el presupuesto.
Los 379 proyectos sin ejecutar habían sido dotados inicialmente con 2,935.1 millones de pesos. Durante el año, esa asignación fue recortada en más de un 80 % hasta 578.2 millones, pero aun así ninguno registró ejecución. En paralelo, el Gobierno incorporó y ejecutó otros proyectos que no figuraban en el presupuesto aprobado, entre ellos el paso a desnivel de la prolongación de la avenida 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, la extensión de la avenida Jacobo Majluta hasta la avenida República de Colombia y obras viales para el desarrollo turístico de Cabo Rojo, en Pedernales. En total, esos 247 proyectos absorbieron 11,646 millones de pesos.
La Dirección General de Presupuesto sostuvo que esas obras fueron incorporadas mediante la Ley 86-25, que modificó el presupuesto durante el año. Pero la Cámara de Cuentas mantuvo su observación: la entrada de un volumen tan alto de proyectos después de aprobado el presupuesto evidencia fallas en la planificación inicial. El contraste entre el discurso de programación y el resultado final deja una alerta institucional sobre la calidad del gasto y sobre el papel de control que debe ejercer el Congreso cuando el presupuesto termina alejándose de lo originalmente autorizado.
Como muestra del costo de esa desarticulación, el informe cita tres sistemas de riego en Azua, Dajabón y Puerto Plata que cerraron el año con ejecución cero. Más que un dato técnico, el hallazgo retrata una gestión que reordena prioridades sobre la marcha mientras obras presupuestadas quedan pendientes, un patrón que alimenta el desgaste del Gobierno y refuerza la necesidad de fiscalización sobre cada modificación y cada peso reasignado.