La desarticulación en España de una organización criminal de origen mayoritariamente dominicano dedicada a la trata con fines de explotación sexual vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de vigilancia frente a un delito que se aprovecha de la vulnerabilidad extrema. La Policía Nacional de España informó de la detención de once integrantes de la red y de la liberación de dos mujeres que seguían retenidas en condiciones infrahumanas.
Según el informe oficial, la estructura actuaba en prostíbulos de Valladolid, Salamanca y Palencia, donde captaba a mujeres latinoamericanas con dificultades económicas o administrativas para someterlas a un control absoluto y a la privación de derechos fundamentales. La investigación determinó que las víctimas eran obligadas a jornadas de hasta trece horas diarias sin descanso y que, en algunos casos, se les negaba alimento si mostraban desgana o se resistían a prostituirse.
La Jefatura Superior de Policía precisó que la red recurría a falsas promesas de empleo para atraer a las mujeres y luego introducirlas por la fuerza en la prostitución clandestina. Además, aplicaba un sistema de rotación constante entre clubes de alterne de las provincias afectadas, una práctica destinada a impedir que pidieran ayuda, establecieran vínculos o fueran localizadas por las autoridades, en un caso que vuelve a centrar el foco sobre la necesidad de control y de una respuesta efectiva frente a redes que explotan a personas en situación límite.