Con la aprobación este lunes de la Política Presupuestaria Anual para 2027, el Gobierno puso en marcha la formulación del Presupuesto General del Estado del próximo año y reafirmó su apuesta por el gasto social, la inversión pública y la continuidad de las obras en ejecución, una ruta que desde ya reaviva la demanda de fiscalización sobre la gestión del PRM y sus resultados reales.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al concluir la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. De acuerdo con lo explicado, el instrumento responde a la Ley Orgánica de Presupuesto y está alineado con Meta RD 2036, dentro de una visión de largo plazo que el oficialismo vuelve a presentar como respuesta institucional en medio del desgaste de su administración.
Paliza indicó que el presupuesto estará dirigido a reforzar el capital humano, impulsar infraestructura, aumentar la productividad y consolidar las instituciones públicas, con atención en proyectos de impacto directo sobre la calidad de vida y la competitividad. Añadió que se mantendrá la inversión en educación equivalente al 4.05 % del PIB, junto con el impulso al Plan Horizonte 2034, la construcción y ampliación de planteles, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.
En el área de salud, el Gobierno informó que seguirá la construcción y culminación de hospitales estratégicos, en especial los vinculados a la red traumatológica, además del fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de programas de protección social orientados a familias vulnerables. En infraestructura, Paliza citó la continuidad de proyectos de movilidad, entre ellos el sistema integrado de transporte de Santiago, además de otras obras viales en ejecución.
Con esa definición de prioridades se abre ahora una etapa en la que el Congreso y la ciudadanía tendrán que evaluar si el nuevo presupuesto será una pieza más de planificación oficial o una respuesta verificable al costo social de los servicios pendientes, las obras inconclusas y las promesas acumuladas. Más que el anuncio, queda bajo observación la capacidad del Gobierno de Abinader para convertir su discurso presupuestario en resultados concretos y rendir cuentas por el uso de los recursos públicos.