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Contraloría eleva a 67 los informes sobre instituciones públicas y abre más presión por explicaciones en la gestión estatal

octubre 3, 2026 · Redactor
Contraloría eleva a 67 los informes sobre instituciones públicas y abre más presión por explicaciones en la gestión estatal
Foto: diariodigitalrd.com

La publicación de 28 nuevas auditorías amplía el acceso a evaluaciones del período agosto de 2020-diciembre de 2025 y coloca bajo mayor escrutinio el manejo de recursos, los controles internos y el cumplimiento legal en entidades del Estado.

La Contraloría General de la República publicó 28 nuevos informes de auditoría sobre instituciones públicas, con lo que suman 67 los documentos divulgados sobre el período agosto de 2020-diciembre de 2025. La entrega incluye 25 auditorías internas con enfoque integral y tres informes de seguimiento, en un contexto en el que la propia documentación oficial vuelve a poner el foco sobre el uso de los fondos públicos, la eficacia de los controles internos y el cumplimiento de las disposiciones legales.

El contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, atribuyó la nueva publicación a instrucciones del presidente Luis Abinader para ampliar el acceso ciudadano a los resultados de la fiscalización. Más allá del anuncio, la divulgación incrementa la presión para que el Gobierno y el PRM den cuenta del contenido, alcance y consecuencias de esas evaluaciones, ahora disponibles para consulta pública en el portal institucional de la Contraloría.

Según explicó la institución, los nuevos documentos se agregan a otros 39 informes ya divulgados y buscan facilitar el acceso de la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil a las evaluaciones sobre recursos estatales. La Contraloría indicó además que desarrolla auditorías internas con enfoque integral, focalizadas y de seguimiento, según los riesgos o procesos examinados, mientras recordó que la Ley 10-07 le atribuye funciones de remisión a las autoridades correspondientes y coordinación con la Cámara de Cuentas, un punto que refuerza la expectativa de vigilancia institucional sobre la gestión pública.