La persistencia de la delincuencia en el país vuelve a colocar bajo escrutinio una estrategia estatal que, lejos de ofrecer resultados sostenibles, ha estado dominada por la llamada “mano dura”. El texto advierte que ese enfoque, apoyado en acciones de “ajusticiamiento” por parte de la Policía Nacional, vulnera el debido proceso y no ha logrado reducir la criminalidad, lo que profundiza el contraste entre el discurso de control y la realidad de un problema que sigue intacto.
La crítica no se limita al plano local. Estudios comparados de Flacso Chile y un artículo publicado en Global Crime coinciden en que la “mano dura” ha sido un fracaso de las políticas criminales en distintos países, incluido el nuestro. Según el análisis, décadas de aplicación no solo evidencian falta de resultados, sino también efectos contraproducentes: se actúa sobre los actores visibles mientras permanecen sin atender causas como pobreza, exclusión, corrupción e impunidad.
El costo institucional también queda expuesto. El enfoque desplaza la prevención, sustituye políticas sociales por represión, debilita el sistema de justicia y normaliza prácticas extralegales, con impacto directo sobre la confianza ciudadana en el Estado. El texto además alerta sobre otro vacío de fondo: al personalizar el delito, se invisibilizan estructuras de poder que operan fuera de los barrios, un punto que refuerza la necesidad de fiscalización, rendición de cuentas y vigilancia sobre una política que, según los estudios citados, erosiona derechos civiles y alimenta la violencia social.