Más de trescientas mujeres rurales, jóvenes y lideresas comunitarias se reunieron en Santo Domingo, tras la Semana del Impulso a la Paridad Política, en un curso que honra a Milagros Ortiz Bosch. El dato, presentado como avance, también dejó al descubierto una pregunta de fondo de cara a 2028: «¿Con qué vamos a competir?», en un escenario donde el financiamiento electoral sigue operando como filtro de acceso al poder real.
El propio texto sitúa la principal traba fuera del discurso de inclusión. Aunque estas mujeres llegan con arraigo territorial, legitimidad social y trabajo comunitario, tropiezan con un sistema atravesado por asimetrías de dinero y poder. Gloria Reyes, ministra de la Mujer, reconoce ese desequilibrio al señalar que muchas dominicanas ejercen liderazgo antes de figurar en una boleta, pero sus trayectorias se diluyen en una estructura que no corrige la desigualdad de origen.
La referencia a los avances normativos, como la Ley 33-18 y la Ley 20-23, queda así bajo escrutinio: la discusión ya no es solo de cuotas, sino de resultados verificables y de rendición de cuentas sobre por qué la paridad sigue sin traducirse en poder efectivo. En ese contraste entre marco legal y realidad política se instala una alerta institucional para el sistema de partidos y para los espacios de decisión, incluido el Congreso, donde la demanda de representación no se resuelve con formación simbólica si persisten las barreras materiales de acceso.