Bernardo Gortaire, en un texto para Latinoamérica21, lanza una advertencia de fondo en medio de la polarización política: cada vez es más difícil determinar si un país vive plenamente en democracia o bajo formas de poder que mantienen la apariencia institucional mientras modifican su funcionamiento. Su planteamiento central es que las categorías clásicas de la ciencia política ya no bastan para describir la mutación con la que actores políticos actuales reconfiguran el sistema.
El artículo repasa que, durante el siglo XX, reconocer una dictadura era relativamente sencillo porque el poder quedaba concentrado en torno a un gobernante y su familia, por lo general después de un golpe de Estado respaldado por las Fuerzas Armadas o por grupos rebeldes. Frente a ese esquema, la academia y organismos internacionales denunciaron regímenes que impedían la participación de la población en la toma de decisiones, mientras varios gobiernos del norte global asumían la defensa de la democracia y el rechazo a las dictaduras.
Esa distancia entre las viejas formas del autoritarismo y sus versiones camufladas pone el foco en una alerta institucional que sigue vigente: cuando el poder se vuelve más difícil de clasificar, también se vuelve más necesario fiscalizarlo. En ese escenario, la oposición y la ciudadanía quedan emplazadas a exigir controles reales, transparencia y explicaciones verificables ante cualquier brecha entre el discurso democrático y la realidad del ejercicio del poder.