Carolina Mejía colocó su aspiración presidencial en el centro del debate político al declarar en un acto en Santiago, ante simpatizantes y dirigencia del PRM, que será la candidata de su partido y presidenta de la República en 2028. La afirmación, hecha de forma explícita y por segunda vez en una semana, no solo marcó su posicionamiento interno, sino que coincidió con un momento de creciente cuestionamiento sobre el respeto a los tiempos que fija la normativa electoral.
Dos horas después de ese pronunciamiento, Participación Ciudadana advirtió que la campaña para 2028 ya comenzó en la práctica, pese a que la ley la prohíbe fuera de plazo, y señaló que se realizan actividades proselitistas con más de un año de anticipación. En ese contexto, una declaración como “seré presidenta en 2028” deja de ser solo una señal de liderazgo y pasa a reforzar la discusión sobre una apertura temprana del ciclo electoral.
La organización también sostuvo que la política se está moviendo “como si el calendario no existiera”, en un escenario de presiones económicas que demandarían atención plena del Estado. El episodio vuelve a poner bajo fiscalización al PRM y a sus principales figuras, al contrastar el activismo electoral con la exigencia de respetar la ley y concentrar las prioridades públicas en los problemas que enfrenta la ciudadanía.