La acusación formal por asesinato presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, sumada a una orden de arresto del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el expresidente Raúl Castro, vuelve a centrar la atención en la continuidad del poder en Cuba y en las responsabilidades pendientes de una de las figuras centrales del régimen. Los cargos abarcan conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y otros dos por la destrucción de dos aeronaves, en alusión al derribo de las avionetas Cessna de Hermanos al Rescate en aguas internacionales el 24 de febrero de 1996.
Pese a su retiro de la vida pública, el texto afirma que Raúl Castro, de 94 años, continúa siendo percibido como el poder detrás del trono. Además, señala que sigue siendo diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que mantiene de por vida el rango de general del Ejército de las Fuerzas Revolucionarias. Ese contraste entre el retiro formal y la influencia que persiste refuerza la alerta sobre un sistema que, después de 67 años desde 1959, conserva abiertas cuentas políticas e institucionales que el pueblo cubano aún debe reclamar.
La eventual posibilidad de un arresto y de una extradición a EE. UU., donde enfrentaría más de 20 años de cárcel en un recinto federal de máxima seguridad, aparece así como un punto de inflexión. Más que una lectura de celebración, el hecho muestra hasta qué punto la rendición de cuentas sobre el régimen cubano sigue llegando desde fuera, mientras en la isla permanecen las estructuras que han sostenido su continuidad.