La ampliación de la calle 9 en Los Praditos, concebida como una obra para mejorar la movilidad en la comunidad, sigue adelante en medio de desalojos, cierre del tránsito vehicular y un creciente malestar entre comerciantes de la zona. La primera fase del proyecto ha supuesto la salida de viviendas en el tramo intervenido mediante compensación económica, además de indemnizaciones para negocios que no serán demolidos.
Sin embargo, en el terreno el impacto inmediato lo sienten quienes dependen de la vía para sostener sus ventas. Comerciantes consultados sostienen que la compensación prometida por el Gobierno continúa en el “limbo”, mientras los trabajos complican el acceso de clientes y proveedores. En el área, donde funcionan colmados, surtidoras, repuestos de motores, centros de uñas y puestos de comida rápida, por ahora solo se permite el paso peatonal y de motoristas.
Durante una visita al sector, reporteros de Listín Diario comprobaron la ejecución de los trabajos y la presencia de maquinarias. Samuel Santana, dueño de una surtidora, afirmó que sus ventas han bajado porque sus proveedores no pueden entrar con facilidad y a sus compradores se les dificulta retirar mercancías en mayor cantidad. Así, el avance de la obra queda marcado por el contraste entre la promesa de mejora vial y el costo económico que ya denuncian los afectados.