La acusación del Ministerio Público contra Claudina Pérez Ramírez, “La Tora”, por presunta difamación e injuria en perjuicio de la periodista Iluminada Muñoz vuelve a poner sobre la mesa la capacidad de las instituciones para responder con oportunidad ante denuncias de ataques reiterados en espacios de difusión pública. Según los abogados Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal Villanueva, la querella penal con constitución en actor civil fue depositada en 2024, luego de que Muñoz denunciara una supuesta campaña de descrédito que, de acuerdo con su defensa, se habría prolongado por más de cinco años.
A partir de esa querella, el Ministerio Público llevó a cabo una investigación, reunió elementos de prueba relacionados con publicaciones y contenidos divulgados contra Muñoz y presentó la acusación, además de pedir una medida de coerción. La audiencia para conocer esa solicitud quedó fijada para este jueves 20 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. Los abogados de la comunicadora también señalan que Pérez Ramírez fue citada en varias ocasiones sin presentarse, un aspecto que, indicaron, será tomado en cuenta dentro del proceso.
La defensa de Muñoz sostiene que la acción judicial no busca una confrontación personal, sino establecer responsabilidades y, de ser el caso, obtener una reparación por los daños alegados a su honra, dignidad y reputación. Agregó además que, si los tribunales reconocen una compensación económica, esos fondos serían destinados a fortalecer el ejercicio profesional de la comunicación y a respaldar instituciones dedicadas a la prevención, atención y asistencia vinculada al cáncer. En un escenario marcado por la tensión entre exposición pública, plataformas y vida institucional, el expediente queda ahora como una prueba para el sistema de justicia ante denuncias de larga data.