Organizaciones que promueven una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra disposiciones del Código Penal defendieron ante el Tribunal Constitucional la primera causal, al afirmar que permitir la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer, adolescente o niña está en peligro es compatible con la Constitución dominicana.
La demanda sitúa el foco en un hecho concreto que, según las accionantes, evidencia el costo de mantener incertidumbre para el personal médico. Mencionan el caso de Damaris Mejía, fallecida el 4 de agosto de 2012, a los 31 años, durante su tercer embarazo, después de que la atención que requería le fuera negada en tres centros de salud por temor a la persecución penal. Murió por una infección provocada por el feto que llevaba varios días muerto en su útero.
Las organizaciones sostienen que la protección constitucional de la vida prenatal no puede leerse de manera aislada, sino en conjunto con derechos como la dignidad humana, la vida, la salud, la igualdad y la integridad personal. Con ese criterio, plantean que obligar a una mujer, adolescente o niña a continuar un embarazo que pone en riesgo su vida o su salud es una medida desproporcionada e incompatible con la Constitución, y reabre una alerta institucional sobre las consecuencias de decisiones públicas que, en la práctica, terminan trasladando el peso de la indefinición a pacientes y médicos.