En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), representantes de los sectores religioso, sindical, salud y sociedad civil advirtieron este miércoles que la Resolución DGM-001-2026, al endurecer los requisitos para renovar permisos temporales de trabajo de personas extranjeras no residentes, abre un nuevo foco de presión sobre el empleo formal y los servicios públicos, con efectos que reclaman mayor vigilancia sobre la respuesta del Estado.
Durante el foro “Voces Solidarias: Por una conversación nacional más humana y basada en derecho”, los participantes coincidieron en que la política migratoria no puede medirse solo por el discurso de control, sino por su capacidad de combinar seguridad, cumplimiento de la ley, derechos humanos, institucionalidad democrática y desarrollo económico. El debate puso el acento en la regularización laboral en actividades marcadas por la informalidad, como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, donde las nuevas disposiciones pueden profundizar obstáculos ya existentes.
Pablo Mella planteó que la aplicación de estas medidas debe respetar la dignidad humana, el debido proceso y la protección de las familias, mientras Eulogia Familia señaló las barreras que enfrentan los trabajadores migrantes para acceder a empleos formales y ejercer sus derechos, insistiendo en que la formalización exige la participación del Estado y de los empleadores. Desde salud, Francisca Peguero advirtió sobre posibles repercusiones en el acceso oportuno a servicios sanitarios y en la salud pública, especialmente para poblaciones vulnerables, en una señal de alerta institucional sobre el costo social de decisiones que ahora quedan bajo escrutinio ciudadano.