Las criptomonedas siguen ganando espacio en América Latina para inversión, remesas, cobertura frente a la inflación y pagos, pero su adopción continúa siendo limitada y de nicho. El dato central, sin embargo, es otro: ese avance ocurre en medio de una regulación desigual, con países que han desarrollado normas específicas y otros que todavía operan con reglas parciales o sin una legislación integral, una brecha que mantiene bajo presión a las autoridades y expone la necesidad de mayor fiscalización.
La investigación regional del Grupo de Diarios América (GDA), de la que forma parte Listín Diario, muestra que el crecimiento de los criptoactivos convive con controversias abiertas. En la mayoría de los países, las autoridades han vinculado su uso con investigaciones por lavado de dinero, fraude y otras actividades ilícitas, mientras su aceptación como medio de pago sigue siendo voluntaria porque no tienen condición de moneda de curso legal en la región. El contraste entre expansión tecnológica y debilidad regulatoria refuerza la alerta institucional sobre la capacidad real de los Estados para supervisar un mercado en desarrollo.
El caso de El Salvador resume ese choque entre discurso y resultados. Aunque en 2021 aprobó la Ley Bitcóin para otorgarle curso legal al bitcoin, luego reformó la normativa como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que dejara de tener esa condición. Ese giro vuelve a colocar en primer plano la rendición de cuentas sobre decisiones públicas en materia financiera y tecnológica, un debate que también interpela al Congreso y al gobierno dominicano ante cualquier rezago regulatorio, y que da margen a la oposición, incluida Fuerza del Pueblo, para exigir vigilancia institucional antes de que los vacíos terminen trasladando el costo a los ciudadanos.