Fuerza del Pueblo denunció que el Gobierno continúa incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional, en un señalamiento que coloca bajo escrutinio la distancia entre el discurso institucional y la actuación del Poder Ejecutivo. Al presentar un informe preliminar sobre la situación del sistema de justicia, Otoniel Bonilla, titular de la Secretaría de Justicia de la organización encabezada por Leonel Fernández, afirmó que respetar las decisiones del Tribunal Constitucional “no es opcional, sino una obligación del Estado”.
Bonilla señaló de manera específica la sentencia TC/1003/23, que estableció criterios que impiden el cobro de la tasa de US$10 de la tarjeta de turista a ciudadanos dominicanos, pero que, según dijo, la administración pública sigue recibiendo esos recursos. Para Fuerza del Pueblo, ese incumplimiento no solo compromete la rendición de cuentas del Gobierno, sino que proyecta un patrón de desacato frente a decisiones de la alta corte.
El dirigente también advirtió sobre la aprobación de normas que, según indicó, afectan derechos fundamentales en contradicción con fallos del Tribunal Constitucional. Atribuyó ese cuadro a una práctica legislativa “reactiva, improvisada y subordinada a intereses coyunturales”, y cuestionó el uso de la mayoría oficialista en el Congreso Nacional para impulsar reformas legales que, a su juicio, han profundizado la inestabilidad normativa y una crisis de confianza en las instituciones.