Operativos simultáneos de la Policía Cibernética y el Ministerio Público dejaron este viernes 31 de julio de 2026 diez personas arrestadas en seis provincias, acusadas de estafas electrónicas, accesos ilícitos y transferencias fraudulentas. La investigación, respaldada por órdenes judiciales, señala un esquema de desvío de fondos mediante ataques informáticos y engaños orientados a quebrar la seguridad bancaria de ciudadanos.
Según los informes de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la DICRIM, los investigados recurrían al phishing para conseguir credenciales, apropiarse de contraseñas y ejecutar transacciones no autorizadas hacia cuentas de terceros. Las indagatorias también indican que se hacían pasar por ejecutivos bancarios para solicitar códigos de seguridad y claves dinámicas, en un contraste entre la aparente protección institucional y la exposición real de los usuarios.
La operación fue validada por tribunales del Distrito Nacional, Santiago, Montecristi, San Juan de la Maguana, La Altagracia y Santo Domingo Oeste. Además de esa fachada bancaria, los implicados difundían por redes sociales y mensajería móvil falsas ofertas de préstamos, venta de vehículos importados y equipos tecnológicos; una vez recibían los pagos, cortaban la comunicación. Los detenidos —Alberto Guillermo de Aza Ureña, Francisco Antonio Rodríguez Olivo, Ángel David Morales, Rosa Iris Céspedes, Hungría Santana, Martín Montero Peña, Luis Jovanny Sánchez Ramos, Jesús Manuel Marte Colón, Christopher Miguel Villalona Mendoza y Miguel José Sánchez Paula— son investigados en expedientes independientes, mientras el caso vuelve a colocar en primer plano la exigencia de vigilancia, control y rendición de cuentas frente a un delito que golpea directamente a la ciudadanía.