La necesidad de crear con urgencia los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD) en las diez regiones de planificación previstas en la Ley 345-22 vuelve a poner bajo escrutinio la gestión territorial del gobierno dominicano. El planteamiento parte de un dato institucional difícil de obviar: ordenar un país dividido en 158 municipios y 235 distritos municipales, con casi 400 gobiernos locales y más de 360 instituciones del Poder Ejecutivo actuando muchas veces sin coordinación, revela una estructura dispersa que sigue sin ofrecer una respuesta coherente.
El propio diagnóstico retrata el contraste entre discurso y realidad. Mientras se habla de ordenamiento territorial, cada organismo opera con mandatos, mapas, prioridades y divisiones regionales distintas, lo que impide una política consistente. Incluso ante la nueva inversión prevista con apoyo del Banco Mundial, el texto advierte que debe evitarse repetir esquemas inconexos y priorizar una lógica que vaya de lo general a lo particular, en vez de multiplicar esfuerzos sin dirección común.
La alerta institucional se refuerza con el balance de experiencias fallidas citadas en el artículo: proyectos internacionales de los que “no queda nada”, incluidos 20 planes municipales estratégicos en el sur y más de 25 planes estratégicos dispersos en el Cibao creados en un supuesto “Planifica”. En ese contexto, la propuesta de articular Estado, gobiernos locales, sector empresarial, universidades y sociedad civil en plataformas permanentes de concertación se presenta menos como una opción técnica que como una exigencia de fiscalización, coordinación y rendición de cuentas frente a un modelo que ha acumulado planes, pero no resultados duraderos.