La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia coloca otra vez a la seguridad como eje del poder en Perú, pero lo hace con una fórmula conocida: estados de emergencia, Fuerzas Armadas en tareas de orden interno y un Ejecutivo dispuesto a ampliar sus facultades frente a una criminalidad que ha deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones.
Más que un simple giro ideológico, el movimiento retrata una región donde el miedo a la delincuencia ha desplazado otras prioridades y ha abierto espacio a respuestas de excepción. La decisión de sacar al Ejército a la calle se inscribe en la corriente de “militarización para la seguridad” que recorre América Latina, desde El Salvador hasta Chile, pasando por Ecuador y por lo que le espera a Colombia, con resultados que siguen dividiendo a especialistas, organismos internacionales y electorados.
En Perú, además, el peso político de la medida no se limita al triunfo de Fujimori por un diminuto puñado de votos. Tres décadas después de que la gestión de Alberto Fujimori descansara en el combate al terrorismo mediante regímenes de excepción, su hija devuelve a las Fuerzas Armadas el protagonismo en la seguridad ciudadana bajo el argumento de enfrentar el crimen organizado, las extorsiones y el avance de las economías ilegales. El giro reactiva una alerta sobre cuánto poder concentra el Ejecutivo cuando la respuesta a la crisis se apoya otra vez en mecanismos extraordinarios.