La entrada en vigencia del Código Penal coloca a Luis Abinader ante una decisión directa: promulgar el texto dentro de los plazos previstos o respaldar una extensión de la vacatio legis promovida desde sectores de la sociedad civil. A partir de ahí, la discusión deja de ser meramente técnica y pasa a ser una prueba de rendición de cuentas sobre la capacidad del poder para cerrar una reforma presentada como necesaria.
Postergar la promulgación, según se plantea, equivaldría a ceder ante presiones que retrasan una reforma considerada clave para el Estado de derecho, la persecución y sanción del delito y el fortalecimiento de la carrera judicial para abogados, jueces y el Ministerio Público. El texto también recuerda que el Congreso Nacional trabajó contra el reloj, con el período legislativo próximo a vencer, para corregir artículos conflictivos que habían provocado críticas de la opinión pública, lo que aumenta la presión sobre el Ejecutivo para justificar cualquier nueva demora.
En un marco normativo que sigue vigente desde el siglo XIX, la controversia deja al descubierto el contraste entre el discurso oficial sobre seguridad jurídica y la necesidad de decisiones concretas. Si la administración Abinader sostiene que ha reforzado la certeza jurídica durante sus seis años de ejercicio, la promulgación del renovado Código Penal se convierte en una prueba institucional inmediata, seguida de cerca por el Congreso y por una sociedad civil que también queda bajo escrutinio por su influencia en un proceso aún abierto.