El asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo hallada muerta en Cali, volvió a poner bajo la lupa la capacidad de respuesta de las autoridades en un caso que ha sacudido a Colombia. La bebé que esperaba continúa desaparecida, mientras el presidente electo, Abelardo de la Espriella, rechazó el crimen y exigió que los responsables sean perseguidos y capturados.
A través de un mensaje en redes sociales, De la Espriella describió el hecho como un crimen aberrante y pidió la intervención de las autoridades competentes. Además, sostuvo que, cuando asuma el poder el próximo 7 de agosto, la política pública estará orientada a proteger a las mujeres y a “someter a todo aquel que se atreva a hacerles daño”, una promesa que irrumpe en medio de un caso que deja expuesta la brecha entre las declaraciones de firmeza y la urgencia de resultados concretos.
Potosí desapareció el 16 de julio después de salir de la casa de unos familiares en Cali. Una cámara de seguridad la registró por última vez en una motocicleta conducida por una mujer que ya fue identificada, aunque todavía no ha sido localizada. Cuatro días más tarde, el cuerpo fue encontrado en La Buitrera, en las afueras de la ciudad, sin la bebé que llevaba en el vientre, según denunció su madre, Alba Rubí Gómez. La conmoción nacional persiste no solo por la brutalidad del caso, sino también por las explicaciones que siguen pendientes en una investigación sometida a fuerte presión pública.