Aunque todavía no entra en aplicación, el nuevo Código Penal dominicano ya quedó en la obligación de ser corregido. La Ley Orgánica 74-25, promulgada el 3 de agosto de 2025 para sustituir el Código Penal de 1884 y prevista para comenzar a regir el próximo 3 de agosto de 2026, llegó a su tramo final marcada por protestas, acciones de inconstitucionalidad y reparos de organizaciones jurídicas, gremios profesionales, medios de comunicación y movimientos sociales.
Esa presión llevó al Congreso a abrir una revisión acelerada. El sábado 18 de julio, la Cámara de Diputados aprobó en primera discusión un paquete de 32 modificaciones y convocó una segunda discusión para este lunes 20 de julio, a las 2:00 de la tarde. Al momento del cierre de esta nota, el texto aún podía experimentar nuevos cambios, en contraste con el discurso de reforma y modernización que acompañó el proceso y que ahora deja interrogantes sobre la conducción política de la mayoría oficialista y del Poder Ejecutivo.
La reforma reúne avances y vacíos que mantienen activa la vigilancia de la sociedad civil. Si bien actualiza un sistema penal asentado sobre categorías del siglo XIX e incorpora delitos que no existían en la legislación anterior, conserva disposiciones cuestionadas por su posible incidencia en la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, el ejercicio médico, la persecución de la corrupción y la protección frente a la discriminación. Además, la cifra de “32 cambios” no significa 32 artículos sustituidos, sino modificaciones acumuladas en distintas etapas: el proyecto del Poder Ejecutivo partió con cambios en 18 artículos, la comisión bicameral lo elevó a 24 intervenciones y luego el pleno de la Cámara continuó sumando ajustes. Más que un cierre legislativo, el proceso deja una advertencia institucional sobre una reforma que llega a su entrada en vigor todavía bajo corrección.