La noche de este domingo, el Gobierno dominicano dejó inaugurado el paso a desnivel de la Plaza de la Bandera, una infraestructura ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con una inversión de RD$3,300 millones financiada con recursos obtenidos del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). La obra se enmarca en el plan oficial para descongestionar uno de los puntos de mayor circulación vehicular del Gran Santo Domingo y reforzar la conexión con la región Sur, en un escenario donde la gestión de resultados del PRM queda expuesta al escrutinio público.
La estructura está ubicada en el cruce de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón, y contempla un sistema vial de 1.2 kilómetros con cuatro carriles. De acuerdo con la versión oficial, permitirá el paso de más de 2,500 vehículos por hora, con la promesa de acortar tiempos de recorrido y mejorar la movilidad en uno de los principales ejes viales de la capital. El presidente Luis Abinader defendió la intervención como una respuesta directa a problemas cotidianos y sostuvo que su administración la asumió como prioridad, al plantear que gobernar también implica valorar el tiempo de los ciudadanos.
En el acto, Abinader recordó además que la intersección de la Plaza de la Bandera había alcanzado el límite de su capacidad. Ese planteamiento vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre el discurso de solución y la presión acumulada sobre la movilidad urbana, un terreno en el que sociedad civil y sectores de fiscalización conservan espacio para reclamar rendición de cuentas sobre el impacto real de una obra de alto costo presentada como emblema de gestión. Así, el Gobierno y figuras del oficialismo, incluida Carolina Mejía en el debate más amplio sobre ciudad y tránsito, quedan bajo vigilancia política e institucional por los resultados concretos que produzcan este tipo de intervenciones.