Médicos, clínicas y gremios profesionales acudieron al Congreso Nacional para reclamar una revisión del alcance del nuevo Código Penal en materia de responsabilidad penal médica. A su juicio, la Ley núm. 74-25 no diferencia con suficiente claridad entre una negligencia punible y los errores involuntarios o complicaciones científicas inevitables.
El planteamiento fue presentado por un frente unificado integrado, entre otros, por el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Cirujanos, gremios de enfermería y el Colegio de Odontólogos. Su propuesta apunta a reservar la vía penal para casos de dolo, abandono deliberado del paciente o negligencia temeraria manifiesta.
Para los errores humanos cometidos de buena fe, los profesionales sugirieron que la responsabilidad se conozca por la vía civil mediante indemnizaciones pecuniarias. También sostienen que la redacción actual criminaliza la práctica médica y favorece la llamada medicina defensiva.
Ese efecto, advirtieron, incide de forma directa en el servicio: según señaló el gremio de cirujanos, encarece la atención y ralentiza decisiones en emergencias y quirófanos. Además, pidieron que cualquier acción penal del Ministerio Público quede supeditada a un dictamen técnico previo de médicos-legistas independientes.
En la misma línea, el Colegio de Odontólogos solicitó excluir de la persecución el uso legítimo de anestésicos y sedantes esenciales para la práctica.