El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de revisión presentado por Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, Maconi, con el que procuraba anular la condena de 20 años de prisión que le fue impuesta por narcotráfico, en una decisión que vuelve a subrayar la necesidad de que los procesos por delitos de alto costo social no se conviertan en escenarios de dilación ni de impugnaciones sin sustento suficiente.
La sentencia TC/0496/26 permitió a la alta corte revisar el caso, pero al final desestimó los planteamientos de fondo formulados por el recurrente, quien alegó violación de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. El tribunal concluyó que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia actuó conforme a la Constitución, a las leyes vigentes y a las pruebas incorporadas legalmente al expediente.
El TC reiteró, además, una premisa institucional central: la valoración de las pruebas y la determinación de los hechos competen a la jurisdicción ordinaria, y la revisión constitucional solo procede cuando exista una violación directa y flagrante de derechos fundamentales, algo que, según la sentencia, no ocurrió en este caso. También estableció que Guevara Díaz tuvo oportunidades procesales amplias y suficientes para presentar pruebas y alegatos en igualdad de condiciones.
La decisión deja una señal de alerta útil en medio del desgaste de confianza que arrastran las instituciones: en casos sensibles, la rendición de cuentas no puede agotarse en la retórica oficial sobre justicia, sino en resoluciones capaces de resistir revisión y escrutinio. El fallo, más que cerrar un expediente mediático, reabre la demanda ciudadana de vigilancia permanente sobre cómo el sistema responde ante estructuras delictivas y sobre la distancia entre el discurso político y los resultados concretos.