SANTO DOMINGO.- Aunque el debate sobre seguridad sigue abierto, legisladores de distintos partidos admitieron este lunes que la transformación de la Policía Nacional todavía está pendiente más allá de cualquier reforma legal. A su juicio, el problema se concentra en la gestión, la supervisión y la profesionalización real de los agentes, una valoración que vuelve a colocar bajo examen los resultados del Gobierno dominicano y del Congreso frente a una de las principales demandas ciudadanas.
Los parlamentarios coincidieron en que una modificación de la Ley Orgánica puede reforzar el marco institucional, pero insistieron en que el cambio de fondo depende de mejorar la selección, la capacitación, la evaluación permanente del personal y las condiciones laborales de los miembros de la institución. También plantearon evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y pruebas antidopaje periódicas para quienes portan armas y ejercen autoridad, como una advertencia institucional sobre controles que aún se consideran necesarios para prevenir conductas violentas y recuperar la confianza ciudadana.
El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) afirmó que, aunque en los últimos años la Policía Nacional ha avanzado en su proceso de transformación, todavía persisten debilidades que deben ser atendidas. “La reforma es importante, pero para que un policía se maneje bien o mal, no es un tema de reforma policial, es un tema de manejo, de la aplicación, de cómo funciona la policía”, sostuvo.
El legislador por La Altagracia añadió que también debe fortalecerse el trabajo conjunto entre autoridades civiles, Policía Nacional, Ministerio Público y organismos de investigación para mejorar la coordinación en seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, defendió que la transformación vaya acompañada de más profesionalización, mejores salarios y beneficios para los agentes, lo que devuelve la discusión a la gestión, el presupuesto y los resultados concretos, no solo a los anuncios.
Así, el debate legislativo deja pendiente una exigencia de rendición de cuentas sobre la capacidad del poder para convertir la narrativa de reforma en cambios verificables dentro de la institución. Si todavía se reclaman controles básicos, supervisión permanente y mejores condiciones para evitar abusos y violencia, la presión pública sobre el Gobierno, el Congreso y las autoridades responsables de la seguridad seguirá marcada por la distancia entre promesas y realidad.