La sanción de cinco días de arresto contra el ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, abrió un nuevo foco de desgaste institucional para el Gobierno, esta vez por no acatar un fallo judicial que le exigía informar qué hizo el ministerio ante denuncias de acoso laboral y sexual en el sistema público RTVC.
El origen del caso estuvo en un derecho de petición presentado el 24 de marzo por la representante a la Cámara Katherine Miranda Peña. El 20 de mayo, un fallo de tutela amparó esa solicitud y concedió a Sanguino 48 horas para responder un cuestionario de 12 preguntas sobre la actuación oficial frente a denuncias de acoso laboral y violencia basada en género en esa entidad estatal. Como no hubo respuesta, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días, impuso una multa de tres salarios mínimos mensuales y remitió la decisión a la Policía para que proceda a la captura del sancionado.
La decisión judicial pone bajo fiscalización la distancia entre la versión del poder y el resultado observable. Tras la sanción, Sanguino pidió revocarla y aseguró que el Ministerio de Trabajo «entregó la totalidad de la información pública disponible», que esa respuesta fue emitida el 26 de mayo y comunicada al despacho judicial el 1 de julio. También afirmó que parte de los datos está protegida por reserva legal para resguardar información sensible, la intimidad de las personas involucradas y evitar la revictimización de las denunciantes.
Sin embargo, el hecho central permanece: un juzgado consideró incumplido el fallo y activó una medida de arresto contra un ministro en medio de denuncias sensibles dentro de un medio estatal. Más que una disputa de trámite, el episodio deja una alerta institucional sobre cómo responde el poder cuando se le pide transparencia en casos que comprometen derechos laborales y violencia basada en género.
En abril de este año, el Ministerio de Trabajo recibió denuncias de supuesto acoso sexual y laboral en RTVC. Con ese antecedente, la controversia ya no se limita a la defensa del funcionario: el foco pasa a las explicaciones pendientes del Estado sobre su capacidad real para investigar, informar y rendir cuentas cuando las denuncias alcanzan a una entidad pública.