El proceso preliminar por la presunta red de policías acusada de sustraer casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas concluyó este martes con un nuevo elemento que refuerza la exigencia de rendición de cuentas: dos de los imputados están en negociación con el Ministerio Público en un expediente que vuelve a poner bajo la lupa los controles internos de la institución.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, indicó que su decisión sobre si el caso avanza o no a juicio de fondo será anunciada el 29 de julio. Durante la audiencia, el Ministerio Público depositó dos acuerdos de juicio penal abreviado: uno con el teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, para quien solicitó cinco años de arresto domiciliario, y otro con Miguelina Bello Segura, para quien pidió 18 meses de arresto en su residencia y otros 18 meses suspendidos.
De acuerdo con la acusación, ambos cumplían funciones clave en la parte operativa de la estructura que sustrajo las municiones. El convenio también incluye el cierre de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L. y el decomiso de varias municiones y armas de fuego ocupadas en un allanamiento realizado en su local.
En el expediente figuran además el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, identificado como encargado del departamento; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos. También están incluidos el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina y los rasos Rubiel Martínez, alias Escobar, y Moreibin Medina Pérez.
Más allá de las salidas procesales que se negocian, el caso deja expuesto un contraste difícil de ignorar entre el discurso de control institucional y la magnitud de una sustracción ocurrida dentro de la propia estructura policial. La decisión que tome el tribunal será observada como una prueba de hasta dónde alcanza la respuesta del sistema frente a una falla de alto impacto institucional y social.