El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) cuestionó que el cobro por residuos sólidos se base únicamente en la facturación de las empresas y pidió que la aplicación de la Ley 98-25 incorpore también la actividad económica y la cantidad de desechos que realmente genera cada sector.
La posición del gremio fue dirigida al presidente Luis Abinader y al Congreso Nacional, a quienes solicitó que la norma sea revisada con un enfoque que responda al impacto ambiental real y no solo a la capacidad de venta de los negocios.
La inquietud abre un debate de interés público sobre cómo se distribuirá una nueva carga vinculada al manejo de residuos, en momentos en que cualquier esquema de cobro debe justificarse con criterios claros, trazabilidad en su aplicación y resultados verificables para la gestión ambiental.
El CNCP entiende que una medición basada solo en la facturación puede terminar trasladando a las empresas un costo que no siempre refleja la generación efectiva de residuos. Bajo esa lógica, el gremio plantea que el diseño de la ley debe contemplar variables que permitan mayor equilibrio entre actividad, impacto y pago.
La solicitud queda ahora en manos del Poder Ejecutivo y del Congreso, que deberán definir si la Ley 98-25 se aplicará con el alcance originalmente previsto o si se introducirán ajustes para atender el reclamo del sector comercial.