El cumplimiento parcial de la Ley 155-17 sigue dejando brechas importantes en empresas dominicanas, especialmente fuera del sector financiero, donde la aplicación efectiva de controles y la supervisión aún presentan debilidades.
La alerta no se limita a una evaluación normativa. También pone sobre la mesa un problema de interés público: si las obligaciones de prevención no se cumplen de manera uniforme, el sistema empresarial queda más vulnerable frente al lavado de activos y a riesgos asociados a la falta de debida diligencia.
De acuerdo con el enfoque planteado en la pieza original, el sector financiero exhibe una mayor madurez en la adopción de prácticas de cumplimiento. Sin embargo, esa mejora no se extiende con la misma fuerza al resto del tejido empresarial, donde persisten fallas de aplicación efectiva y una supervisión desigual.
El panorama obliga a mirar no solo la existencia de la ley, sino su ejecución real. En ese sentido, el problema no es únicamente normativo: también es de fiscalización, seguimiento y capacidad de las empresas para detectar operaciones inusuales y responder con controles internos adecuados.
La discusión sobre la Ley 155-17, en consecuencia, no debe quedar reducida a un balance técnico. Su valor práctico depende de resultados verificables, de una supervisión consistente y de que las obligaciones de cumplimiento se traduzcan en prevención efectiva dentro de las empresas dominicanas.