La República Dominicana alcanzó el segundo lugar mundial en transparencia presupuestaria, según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, con una calificación de 82 puntos. El resultado coloca al país en una posición destacada en materia de acceso a la información fiscal, pero también eleva la exigencia sobre la forma en que el Estado administra, publica y justifica el uso de los recursos públicos.
Aunque la puntuación refleja un avance, el indicador no debe leerse como un punto de llegada. En un contexto de mayor escrutinio sobre el gasto público, el dato obliga al Gobierno a sostener mecanismos de seguimiento, garantizar que la información presupuestaria siga disponible y comprensible para la ciudadanía y demostrar que esa apertura se traduce en mejor control y rendición de cuentas.
La relevancia del resultado no se limita al reconocimiento internacional. También abre interrogantes sobre la continuidad de las prácticas de transparencia, la calidad de la ejecución presupuestaria y el impacto real de esa mejora en la supervisión ciudadana de las finanzas estatales. En otras palabras, el reto ahora no es solo conservar la posición alcanzada, sino convertirla en una política verificable y durable.
El Gobierno deberá responder con más datos sobre cómo se alcanzó la calificación, qué áreas del presupuesto muestran mayores avances y cuáles siguen requiriendo fortalecimiento. En materia de transparencia fiscal, las evaluaciones positivas ganan peso cuando van acompañadas de acceso efectivo, seguimiento oportuno y rendición de cuentas sobre resultados, costos e impacto.
La Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 sitúa al país en una posición de referencia, pero también deja claro que la vigilancia institucional y ciudadana no puede relajarse. El desafío es que la mejora en el ranking se traduzca en una administración pública más abierta, más auditable y con mejores controles sobre cada peso ejecutado.