La aprobación de 176 reformas en favor de la economía de mercado abrió en Cuba un giro histórico, aunque el anuncio quedó condicionado por una realidad que exhibe el costo social de la crisis: muchos ciudadanos ni siquiera pudieron verlo por televisión por la falta de electricidad en sus hogares. En una isla afectada por la escasez de alimentos, agua y combustible, y con la economía paralizada, la apertura fue seguida con atención por actores del sector privado en La Habana y por cubanos en el extranjero, pese a la expectativa de que los cambios no se limiten al discurso.
Las medidas, adoptadas el jueves, apuntan a atraer a la diáspora con la opción de abrir empresas, adquirir participaciones en compañías estatales y desarrollar infraestructuras turísticas. Carlos Dibus, experto en logística que emigró a Noruega hace 19 años, dijo a la AFP que las reformas “podrían funcionar maravillosamente” si se aplican bien y que quizá monte un negocio en la isla. Amarilys Veloz, propietaria de un apartamento turístico en La Habana Vieja, valoró que se pueda invertir con mayor seguridad en Cuba y destacó incentivos ligados al turismo y a la compra de autos eléctricos sin pagar impuestos.
Sin embargo, el propio panorama descrito en la isla deja clara la distancia entre la promesa de apertura y las urgencias diarias. Aunque muchos celebran cualquier cambio que pueda apaciguar a Washington, cuyo bloqueo petrolero desde enero ha agravado la crisis, la reacción de la diáspora y del sector privado plantea una exigencia de vigilancia sobre la ejecución de las medidas y sobre su capacidad real para aliviar la vida de la población, más allá del anuncio oficial.