Un informe privado elaborado por la denominada Rape Gang Inquiry sostiene que redes organizadas de explotación sexual infantil operaron durante décadas en distintas zonas del Reino Unido mientras persistían fallos sistemáticos en las instituciones públicas encargadas de proteger a las víctimas. El documento, de 219 páginas y sin carácter oficial, afirma que las autoridades británicas no actuaron de manera efectiva pese a denuncias e indicios reiterados sobre estos abusos.
La investigación reúne testimonios de sobrevivientes, familiares y denunciantes, y plantea que la falta de respuesta de cuerpos policiales, servicios sociales, centros educativos y otros organismos públicos permitió que estos delitos se mantuvieran durante años sin una reacción adecuada. Según el resumen ejecutivo, la mayoría de las víctimas eran niñas en situación de vulnerabilidad, captadas mediante engaños, alcohol o drogas y luego sometidas a explotación sexual por grupos organizados en distintas localidades.
Ante ese escenario, los autores exigen reformas profundas en los sistemas de justicia y protección de menores. Entre las recomendaciones aparecen el endurecimiento de sanciones, mejores mecanismos para registrar información sobre agresores, mayor intercambio de datos entre agencias y medidas de rendición de cuentas para las instituciones que incumplan sus obligaciones legales, en un nuevo llamado a la vigilancia y el control sobre organismos que, según el informe, fallaron durante años.