Las condenas emitidas esta semana en el caso Coral y Coral 5G devolvieron al centro del debate una de las respuestas más recordadas del poder frente a las denuncias sobre el manejo de recursos públicos: “¿Cuál corrupción?”. En 2016, mientras distintos sectores alertaban sobre irregularidades, el entonces presidente Danilo Medina respondió con esa frase, que sus seguidores usaron luego para sostener que la gestión estaba libre de actos ilícitos.
Ahora, el fallo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional coloca ese discurso en un contraste contundente. El tribunal impuso 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, al hallarlos culpables de integrar un entramado de corrupción y lavado de activos que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos. También fueron sentenciados a 15 años de prisión el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán.
Asimismo, recibieron penas de 10 años de prisión Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores. Más que el cierre de un expediente judicial, la decisión reactiva la exigencia de vigilancia sobre el uso de los fondos públicos y deja al descubierto el costo institucional de pasar por alto a tiempo las alertas sobre corrupción.