La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió este martes que la rápida transformación digital puede profundizar las desigualdades sociales, laborales y territoriales en la región si los gobiernos no colocan la inclusión digital en el centro de sus políticas públicas. La advertencia, formulada en la apertura del Sexto Seminario Regional de Desarrollo Social, vuelve a situar el debate en la gestión pública: el avance tecnológico no asegura por sí mismo bienestar ni acceso, y sin medidas adecuadas puede derivar en nuevas formas de exclusión.
El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, planteó durante el encuentro que América Latina y el Caribe enfrenta tres trampas estructurales: bajo crecimiento, alta desigualdad y debilidad institucional. Según dijo, la digitalización puede impulsar la productividad, la innovación y el acceso a servicios esenciales como educación, salud y servicios financieros, pero esos beneficios no llegan de forma automática ni equitativa. “Avanzar hacia la inclusión digital no es solo una agenda tecnológica, sino también una agenda de derechos y desarrollo”, subrayó.
A esa lectura se sumaron representantes de organismos internacionales, que coincidieron en que la transformación digital requiere políticas públicas más sólidas para favorecer a toda la población. La embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer, advirtió asimismo que la tecnología por sí sola no garantiza inclusión, en una señal de alerta sobre la necesidad de vigilancia institucional y de decisiones públicas capaces de evitar que la modernización amplíe las brechas en lugar de cerrarlas.