La justicia dominicana decidió este lunes enviar a juicio a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, por homicidio involuntario y no por homicidio voluntario, como reclamaban familiares de las víctimas. La decisión, adoptada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mantiene la calificación pedida por el Ministerio Público en un caso que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
El desplome del techo del local ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, durante una presentación de Rubby Pérez. Aunque la discusión jurídica gira sobre la intención, el efecto práctico es determinante: mientras el homicidio voluntario contempla penas severas que pueden extenderse por décadas en sus formas agravadas, el homicidio involuntario, regulado por el artículo 319 del Código Penal, prevé de tres meses a dos años de prisión, además de multa.
La controversia se concentra en el llamado “dolo eventual”, la figura con la que los familiares buscaban sostener que no hacía falta probar una intención directa de matar, sino que bastaba demostrar que existía un riesgo grave, previsible y evitable. Con esa diferencia, el proceso entra a una fase de juicio de fondo bajo una tipificación que reabre el debate sobre la capacidad del sistema para dar una respuesta proporcional en una de las tragedias más graves del país.