La condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos dictada contra el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), vuelve a ubicar el caso Coral como una señal de alarma sobre la administración de recursos en áreas sensibles del Estado. El proceso, junto con su extensión Coral 5G, ha sido presentado como uno de los mayores expedientes por presunta corrupción administrativa en la historia reciente del país.
La investigación del Ministerio Público plantea que una estructura compuesta por altos oficiales militares, policiales y civiles habría desviado recursos públicos mediante nóminas irregulares, fondos de inteligencia y operaciones de lavado de activos. De acuerdo con la acusación, el entramado operó durante varios años con recursos asignados al Cusep y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur), lo que refuerza el debate sobre la vigilancia institucional en dependencias con manejo de fondos públicos.
El expediente se inició con la operación Coral, ejecutada el 24 de abril de 2021, y fue ampliado en noviembre de ese mismo año con Coral 5G, cuando se incorporaron nuevos imputados, entre ellos generales, coroneles, empresarios y civiles. La acusación sostiene además que la red habría acumulado bienes y activos valorados en más de RD$4,500 millones, incluyendo propiedades, empresas, fincas y vehículos, un dato que mantiene vigente la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se controlaron esos recursos y por qué el esquema pudo sostenerse durante años.