El caso Onco-14 vuelve a poner bajo lupa el manejo de recursos públicos vinculados a la salud, ahora con señalamientos de que fondos del Senasa habrían sido sustraídos mediante el Instituto Oncológico del Cibao. En Santiago, el Ministerio Público apresó a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a quienes atribuye asociación de malhechores, estafa, soborno y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, esos recursos debieron destinarse a pacientes con cáncer del régimen subsidiado y del Estado que acuden a ese centro desde todo el Cibao. El expediente, identificado como Onco-14, también se presenta como parte de una secuencia de investigaciones ligadas al fraude en Senasa, un caso que ya había generado indignación por el presunto desvío de dinero reservado para la población más pobre y vulnerable.
El nuevo escándalo refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre las estructuras que administran fondos de salud, sobre todo porque el órgano acusador todavía no ha revelado el monto del dinero defraudado. En medio de una cadena de casos sucesivos, la prioridad vuelve a ser esclarecer el alcance del perjuicio y determinar responsabilidades sobre recursos que debieron traducirse en atención para pacientes, no en nuevas tramas de corrupción.