La muerte de Marky Abraham García Gil, alias «Maiky», durante una persecución policial en el sector El Hatico, provincia La Vega, volvió a colocar en el centro del debate la reforma de la Policía Nacional. El hecho, registrado el sábado 13 de junio, generó cuestionamientos tras versiones difundidas que indican que el joven habría levantado las manos en señal de rendición antes de ser abatido y que luego su cuerpo fue retirado del lugar y arrastrado por un callejón.
Ante esas denuncias, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que el Gobierno procura que los agentes actúen conforme a los procesos establecidos en los protocolos. Explicó además que, cuando se presenta un caso que «sale de contexto», intervienen de inmediato los organismos de inspectoría y asuntos internos, mientras la Policía Nacional desarrolla su pesquisa interna y el Ministerio Público realiza las investigaciones dentro de su ámbito de competencia.
La funcionaria reiteró que la transformación policial debe sustentarse en los derechos humanos y aseguró que el objetivo no es proteger impunidad, sino garantizar transparencia. Aun así, el episodio vuelve a dejar sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas sobre una reforma que sigue siendo evaluada a la luz de denuncias graves y de la demanda ciudadana de una Policía realmente cercana, capaz de servir y proteger sin apartarse del debido proceso.