La medida de coerción contra diez imputados vinculados a la presunta red desmantelada en la operación XL526 fue aplazada de nuevo hasta el miércoles 17 de junio a las 10:30 de la mañana, en una nueva demora que mantiene sin decisión un proceso ya afectado por dos suspensiones anteriores y una interrupción en audiencia. La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, explicó la suspensión por la carga laboral del tribunal y por las limitaciones de una sala que trabaja en jornadas matutinas y vespertinas.
En la jornada, el Ministerio Público concluyó la presentación de su solicitud de coerción, mientras los abogados de la defensa mantuvieron sus objeciones sobre la consistencia de las pruebas. Elvin Domínguez señaló ante el tribunal que el expediente no incluye víctimas plenamente identificadas y afirmó: “No he visto el primer estadounidense que diga que es víctima en este proceso. No hay cédulas, pasaportes ni números de seguro social que permitan identificar a esas supuestas víctimas”. Además, cuestionó evidencias recogidas en allanamientos realizados en 2024, al alegar que algunos elementos habrían sido incorporados otra vez a la investigación actual.
A esas observaciones se sumó José Reinoso, quien indicó que parte de la acusación se sustenta en copias de poderes notariales procedentes de Estados Unidos, sin que se hayan presentado documentos originales que establezcan una relación. El nuevo aplazamiento, unido a los cuestionamientos de la defensa, vuelve a poner el foco sobre la necesidad de que el proceso avance con mayor solidez y sin más dilaciones en un caso de alto interés público.