La política de deportaciones del Gobierno de Luis Abinader vuelve a quedar en entredicho tras las declaraciones del activista haitiano Roudy Joseph, portavoz del Colectivo HaitianosRD, quien sostiene que el esquema aplicado en República Dominicana es “mucho más ambicioso” que el de Estados Unidos. En un escenario internacional de endurecimiento migratorio, Joseph coloca el caso dominicano como una señal de alerta sobre el alcance que puede tener el control estatal cuando se transforma en un mecanismo de exclusión.
Acogido en la actualidad al programa de protección a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional España, Joseph ha coordinado el informe Deportaciones masivas y Estado de excepción en República Dominicana (2021–2025). El documento denuncia más de un millón de deportaciones en cinco años y describe un patrón de perfilamiento racial que, según expone, ha terminado en una “caza de seres humanos”, con impacto especial sobre la población haitiana y las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
La entrevista, realizada por el equipo de América Futura en Madrid, vuelve a abrir el debate sobre los costos institucionales y humanos de la política migratoria oficial. Más allá del discurso de control, las denuncias presentadas presionan al Gobierno para responder por una estrategia que, de acuerdo con Joseph, profundiza la discriminación estructural, la exclusión institucional y la vulneración de derechos civiles y políticos.