NUEVA YORK.- La aprobación reciente de leyes en Nueva York que restringen la cooperación con autoridades migratorias federales derivó en un choque institucional con efectos inmediatos. Tom Homan, zar de la frontera de Estados Unidos, dijo que planea “inundar” Nueva York con agentes de Inmigración y sostuvo que la ciudad está cerca de vivir el mayor despliegue migratorio de su historia.
De acuerdo con Homan, la medida responde a las restricciones avaladas por la gobernadora Kathy Hochul, que impiden a agentes de ICE entrar en áreas privadas de escuelas, hospitales, refugios, bibliotecas, lugares de culto, parques, guarderías, residencias estudiantiles, centros comunitarios y centros de votación, salvo orden judicial en zonas no públicas. Además, se prohíbe que gobiernos locales, policías y centros penitenciarios estatales o municipales empleen personal o instalaciones para tareas de inmigración civil, y también se limita la participación local en la construcción o financiamiento de centros de detención migratoria.
El paquete igualmente amplía garantías para estudiantes indocumentados en las escuelas públicas, prohíbe el uso de cubrebocas por parte de agentes estatales, locales y federales cuando interactúan con el público, salvo excepciones médicas o tácticas, y crea un mecanismo estatal para demandar a funcionarios federales, además de estatales y locales, por presuntas violaciones de derechos constitucionales. Con ello, el anuncio de un operativo “inminente” vuelve a colocar en el centro del debate el costo institucional de unas decisiones que, lejos de cerrar la disputa, han abierto una nueva etapa de confrontación entre el estado y las autoridades federales.