El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió acciones en tribunales federales para retirar la ciudadanía a 17 personas naturalizadas, a quienes acusa de haber obtenido ese estatus mediante fraude, uso de identidades falsas u ocultación de antecedentes graves. La ofensiva, impulsada bajo la gestión de Donald Trump, vuelve a colocar en primer plano no solo la gravedad de los casos, sino también las debilidades de control que permitieron que estos expedientes avanzaran hasta la naturalización.
Entre los señalados aparece un exsacerdote católico acusado de abuso sexual contra un menor, además de personas vinculadas a fraude al sistema de salud, fraude de visados, intento de agresión sexual contra un menor y distribución de medicamentos con receta sin licencia. Los expedientes también incluyen a un acusado de organizar solicitudes fraudulentas de visas H-1B y a una mujer que presuntamente adoptó una nueva identidad tras haber sido rechazada antes en un trámite migratorio.
Aunque el Gobierno presenta las demandas como parte de su política de tolerancia cero, el caso deja visible un contraste incómodo entre el discurso oficial y la capacidad real de prevención: si ahora se impulsa la desnaturalización por fraude y ocultamiento, también queda expuesta la necesidad de rendición de cuentas sobre los filtros institucionales que fallaron antes. La ciudadanía, descrita por las autoridades como un privilegio que debe ganarse con honestidad, entra así en una fase de mayor vigilancia judicial y política.