SANTO DOMINGO. – El curso del proceso penal contra el comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez por presunta difamación e injuria en medios digitales vuelve a situar bajo observación señalamientos que alcanzaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a supuestas actuaciones irregulares vinculadas a contratistas del Estado. La acción, que podría desembocar en su extradición y en su comparecencia obligatoria ante los tribunales dominicanos, fue presentada por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo con la documentación depositada ante el Ministerio Público, Rubio difundió en redes sociales contenidos en los que relacionaba a Mauad con supuestas influencias dentro del MOPC, además de alegadas irregularidades. La denuncia afirma que esas imputaciones no tenían sustento, que fueron divulgadas públicamente para perjudicar la reputación y credibilidad de los denunciantes y que también incluyeron referencias a la esposa del empresario, con fotografías e informaciones de carácter personal y familiar.
La querella fue interpuesta al amparo de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Los denunciantes sostienen que las expresiones atribuidas a Rubio fueron más allá de la opinión y pasaron a ser acusaciones directas sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Con Rubio residiendo actualmente en Florida, Estados Unidos, el expediente suma una dimensión internacional, mientras el caso vuelve a colocar en primer plano la necesidad de esclarecer en sede judicial denuncias que rozan áreas sensibles de la gestión pública.