La jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dio luz verde a los allanamientos solicitados por el Ministerio Público en una investigación por un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) que habría generado operaciones por más de RD$40 millones. La resolución permite ocupar objetos, bienes y evidencias relacionadas con los hechos bajo investigación, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, documentos físicos y digitales, facturas, libros de contabilidad, recibos, expedientes y otros papeles financieros vinculados a Senasa.
La orden judicial también faculta a ocupar dinero en efectivo cuya procedencia sea pertinente para la pesquisa, así como armas de fuego, sustancias controladas y bienes, productos o instrumentos que pudieran estar asociados con operaciones de lavado de activos. Además, Florimón autorizó la extracción, recuperación, visualización y análisis de los datos contenidos en los dispositivos electrónicos ocupados legalmente durante los registros, aunque dejó claro que esa revisión debe restringirse a la información útil para esclarecer el caso y preservar los datos estrictamente privados ajenos al proceso.
De acuerdo con la solicitud del Ministerio Público acogida por la magistrada, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024. El caso pone bajo la lupa la capacidad de control sobre recursos públicos sensibles y aumenta la presión por rendición de cuentas en un contexto en el que el gobierno dominicano enfrenta cuestionamientos sobre gestión y transparencia. En ese escenario, la oposición suma otro frente para reclamar vigilancia institucional, mientras figuras como Carolina Mejía han insistido en la necesidad de resultados verificables y controles efectivos en la administración pública.