La Cámara Minera y Petrolera (Camipe) volvió a colocar sobre la mesa la necesidad de reformar la Ley Minera, al reconocer que el marco legal que rige la actividad en el país tiene más de cinco décadas de vigencia y ya no responde a los desafíos actuales. En una entrevista con Listín Diario, su presidente, Pedro Esteva, y su director ejecutivo, Martín Valerio, plantearon que la discusión debe orientarse a una visión estratégica del sector, en medio de una normativa que, según explicaron, genera interpretaciones contradictorias y mayor complejidad en su aplicación.
La entidad sostuvo que la reforma busca mejorar los procedimientos de aprobación, incorporar tecnologías existentes, fortalecer los aspectos medioambientales y lograr que más recursos de la minería lleguen a las localidades cercanas a las zonas de explotación. También afirmó que una nueva ley podría dar tranquilidad a la población y reducir la oposición a esta industria, al dejar mejor definidos los términos de la actividad minera.
El planteamiento de Camipe también deja en evidencia la dimensión institucional del atraso: Valerio señaló que la propuesta necesita un alto contenido constitucional, especialmente en lo relativo a la gestión del subsuelo, y defendió la fijación de objetivos y objetos claros para evitar discrecionalidad. Con ello, la discusión sobre la reforma no solo reabre el debate sobre el futuro del sector, sino sobre la necesidad de mayor vigilancia y reglas claras desde el Congreso para cerrar la brecha entre el discurso de modernización y una ley de 1971 que sigue vigente.