La discusión sobre inteligencia artificial en la República Dominicana no se limita al avance tecnológico, sino a un problema de poder, supervisión y capacidad institucional. El artículo plantea que la integración de la IA ocurre bajo el dominio de grandes empresas privadas y con mínima supervisión democrática, en un contexto donde estas plataformas administran atención, afectos y marcos de interpretación a gran escala.
Desde esa realidad, el texto reconoce las limitaciones del país: una presión tributaria de alrededor del 14 % del PIB, una burocracia aún en proceso de profesionalización, capacidad regulatoria limitada y dependencia crítica del mercado norteamericano. Ese cuadro impide a la República Dominicana regular a empresas como Meta, OpenAI o Google, construir sus propias redes sociales o imponer condiciones a las plataformas que dominan la comunicación global.
Pero la advertencia central no es de impotencia, sino de omisión. El artículo sostiene que, aun dentro de esa asimetría, el Estado dominicano dispone de márgenes que no ha ejercido con intencionalidad, mientras la sociedad civil cuenta con herramientas que puede activar sin esperar al Estado y existen palancas multilaterales que no se han usado. Entre esas áreas, señala decisiones cotidianas del propio Estado sobre qué sistemas de IA adopta en sus instituciones, bajo qué condiciones contrata con proveedores tecnológicos y qué datos públicos pone o no a disposición de actores privados, un terreno que abre exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo se está gestionando un tema con impacto directo en la democracia.